Santo Domingo.- Interesados en fortalecer la atención en salud mental que reciben las personas privadas de libertad, los titulares del Servicio Nacional de Salud, ministerio de Salud Pública, Procuraduría General de la República, Colegio Dominicano de Psicólogos y Sociedad Dominicana de Psiquiatría, firmaron un convenio interinstitucional para la habilitación de Unidades de Salud Mental en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) del Modelo de Gestión Penitenciaria.
El acuerdo fue rubricado por los señores Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS); Daniel Rivera, ministro de Salud Pública; Miriam Germán Brito, procuradora general de la República Dominicana; en representación de los Centros de Corrección y Rehabilitación, Hilda Patricia Lagombra, coordinadora nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria; Ana Simó, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI) y Marisol Taveras Ulerio, presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría (SDP).
Estas autoridades se comprometieron a trabajar de manera conjunta, en el ámbito de sus respectivas competencias, para iniciar un piloto con la instalación de dos primeras unidades en los CCR-Najayo Hombres y Najayo Mujeres, ubicados en la provincia San Cristóbal, que de manera gradual se extenderá a los demás centros del sistema penitenciario en orden de prioridad.
El objetivo general del proyecto es la creación de un servicio de salud mental dirigido a los privados de libertad, para que logren un estado de completo bienestar biopsicosocial y espiritual. Con la firma del convenio también iniciará un diplomado con el aval académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para capacitar y brindar formación continua al personal que laborará en las referidas Unidades de Salud Mental.
El doctor Mario Lama, puntualizó que en vista de la importancia de este proyecto y en aras de aumentar la disponibilidad de servicios de salud mental en la población privada de libertad, el SNS en conjunto con la PGR, evaluará y contratará el personal necesario para el cumplimiento de los objetivos de este convenio, tales como médicos psiquiatras, psicólogos y personal de enfermería.
Mientras que la magistrada Miriam Germán, agradeció a las entidades participantes en el proyecto por su aporte a la estabilidad física y emocional de las personas privadas de libertad. “La actual situación de pandemia ahonda aún más los sufrimientos que puedan experimentar las personas privadas de libertad, por lo que agradecemos a cada institución y a cada una de las personas que han intervenido para este acuerdo, por sus aportes para la salud mental de la población penitenciaria y sus familiares”, agregó.
Según datos ofrecidos por el Modelo de Gestión Penitenciaria, solo en 2020 se diagnosticaron 607 reclusos con al menos un cuadro o condición psiquiátrica. Los principales casos detectados son drogodependencia, ansiedad, depresión y bipolaridad, entre otros. La condición con mayor porcentaje en función del total fue el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), 69.4%, destacando, además, que este estado suele desencadenar otros trastornos que limitan las buenas relaciones interpersonales de los internos y provocan en ellos episodios de ansiedad e ira.
Con esta alianza estratégica, el Estado dominicano reafirma su misión de garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad para satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en grupos prioritarios, como son las personas privadas de libertad con enfermedades o trastornos mentales.
La acción se inscribe en el marco del mandato de la Ley 113-21, cuyo artículo 85 establece la asistencia médica para cada centro de corrección y reinserción social, los cuales contarán, entre otros profesionales de la salud, con un médico psiquiatra.
Compromisos
En el texto consensuado, el Ministerio Público se compromete a disponer del espacio físico donde funcionarán las Unidades de Salud Mental (USM) en cada centro y a contratar el personal de apoyo requerido para su adecuado funcionamiento.
El Servicio Nacional de Salud coordinará con el Ministerio Público las evaluaciones para la contratación del personal requerido para el funcionamiento de las USM, entre los cuales deberán incluirse cuatro médicos psiquiatras, tres psicólogos y tres profesionales de enfermería.
El Ministerio de Salud Pública, por su lado, se compromete a proporcionar el mobiliario de las USM, así como los insumos hospitalarios necesarios para su puesta en funcionamiento e implementar, a través de su Departamento de Salud Mental, los protocolos y guías de atención para los privados de libertad que recibirán los servicios.
El Colegio Dominicano de Psicólogos llevará a cabo las capacitaciones y formación continua, en coordinación con la Escuela Nacional Penitenciaria, del personal que laborará en las Unidades de Salud Mental y brindará acompañamiento en su puesta en funcionamiento, además de velar por el cumplimiento de los principios éticos que regulan la práctica.
La Sociedad Dominicana de Psiquiatría colaborará con las demás entidades en el reclutamiento, selección y formación de médicos psiquiatras para desempeñar las funciones en las unidades y apoyar al Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública en la elaboración y actualización periódica de los manuales, guías y protocolos de atención a ser utilizados en las referidas unidades.
El acuerdo interinstitucional se sustenta en el artículo 3, literal g, de la Ley de Salud Mental (12-06), que establece que el Ministerio de Salud Pública deberá “articular políticas y actividades de salud mental con las autoridades penitenciarias para proteger a las personas que padecen o han padecido enfermedades mentales y se encuentran en establecimientos carcelarios”.
