Santo Domingo. -El Consejo del Poder Judicial (CPJ), el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Drogas (CND), el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) firmaron este jueves un acuerdo de cooperación interinstitucional para la implementación del Programa de Tratamiento bajo Supervisión Judicial (TSJ).
El acuerdo contó con la presencia del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Henry Molina, y tiene por objetivo ofrecer un enfoque integral basado en justicia terapéutica, dirigido a personas con uso problemático de drogas, promoviendo su rehabilitación y reinserción social.
La firma del documento estuvo a cargo del director general de Administración y Carrera Judicial Jhonattan Toribio Frías, en representación del Consejo del Poder Judicial; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro De Jesús Abreu; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah Lajam; el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama Olivero; el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos; y el director ejecutivo del Centro de Orientación e Investigación Integral, Santo Rosario Ramírez.
Al dirigirse a los presentes, Henry Molina sostuvo que el acuerdo expresa un compromiso colectivo con la dignidad de las personas, con la rehabilitación sobre la exclusión y con la justicia que escucha, acompaña y transforma.
“Porque sabemos que detrás de cada caso hay una historia, y que muchas veces, la respuesta más justa no es la cárcel, sino la intervención temprana, el tratamiento y el acompañamiento bajo supervisión judicial”, indicó.
En ese sentido, sostuvo que las personas con consumo problemático de sustancias no son criminales, sino seres humanos atravesados por el dolor, la exclusión y la ausencia de oportunidades.
De su lado, la magistrada Yeni Berenice destacó la importancia del acuerdo, al entender que el fin de la sanción no debe ser “la venganza”, sino el de insertar al individuo a la sociedad, “y ya el Ministerio Público no procesa casos de consumos a nivel nacional, gracias a que hoy contamos con herramientas que anteriormente no teníamos”.
Asimismo, Alejandro Abreu tildó de complejo el tema de las drogas, del que dijo amenaza la estabilidad familiar, razón por la que propuso poner en marcha un plan de indicadores para medir los resultados del acuerdo, el cual, aseguró, beneficiará a muchas personas en su camino hacia la rehabilitación social.
El acuerdo contempla la intervención de equipos profesionales de salud mental y trabajo social, con la supervisión de un tribunal y la participación del fiscal y la defensa, garantizando el respeto a los derechos humanos y la protección de las personas imputadas en delitos menores por encontrarse en situación de vulnerabilidad múltiple debido al consumo problemático de drogas y estar sujeta a un proceso judicial.
El convenio está fundamentado en el respeto de la dignidad humana y el derecho de acceso a la justicia, favoreciendo la integración familiar y el bienestar social en procura de una justicia más inclusiva y accesible para todos y todas en el marco del primer eje del Plan Estratégico del Poder Judicial.
Asimismo, garantizan que los procesos judiciales se resuelvan en el menor tiempo posible, respetando la dignidad y los derechos fundamentales de las partes involucradas, evitando la revictimización.
El Poder Judicial, a través de jueces y juezas de instrucción y de ejecución de la pena, tendrá un rol clave en la celebración de audiencias y supervisión del cumplimiento del tratamiento, asegurando un enfoque respetuoso de los derechos humanos y la normativa vigente.
El acuerdo contempla la designación de personal técnico para dar seguimiento al mismo, en un plazo de treinta días posterior a su firma.
Tiene como fundamento los postulados de la justicia terapéutica, entendida como el “estudio de los efectos del derecho y los sistemas legales, en el comportamiento, emociones y salud mental de las personas”.
Este paso reafirma el compromiso de las instituciones de fortalecer el sistema de justicia y ofrecer alternativas humanas y efectivas para la atención de personas en conflicto con la ley por la comisión de delitos menores y que necesitan atención médica y psicológica, promoviendo una justicia más justa, inclusiva y digna.
En la firma del acuerdo, que tuvo lugar en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, estuvieron presentes María Garabito Ramírez, Fran Soto Sánchez y Francisco Ortega, jueces del alto tribunal; y la magistrada Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional; así como jueces de otras instancias, fiscales y miembros de la comunidad jurídica.
Además, Esteban De La Torre Ribadeneira, representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la República Dominicana, entre otros invitados especiales.
En representación del SNS estuvieron presentes la licenciada Wilsy López, directora de gabinete del SNS; la doctora Francis Báez, directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Desarrollo Humano (RESIDE) y la doctora Rubelina Santos, directora de Asistencia a la Red del SNS.
Compromiso del SNS
En lo que concierne a las acciones del Servicio Nacional de Salud (SNS), dentro de este acuerdo el SNS asume el compromiso de garantizar que las personas con algún tipo de dependencia a sustancias psicoactivas, reciban servicios de salud mental a través del Centro Integral de Atención a la Dependencia (CAIDEP) y en los establecimientos de Salud de segundo y tercer nivel que cuenten con Unidades de intervención en Crisis (UIC).
El SNS también estará a cargo de realizar la evaluación diagnóstica de estos casos, incluyendo consultas médicas y psicológicas, análisis clínicos, además de realización de tomografías o resonancias, según las necesidades de cada persona. Esto con el objetivo de ofrecer respuestas integrales desde los enfoques biológico y psicológico a personas con dependencia de sustancias.
